NARCOTRÁFICO

Análisis de la corrupción al servicio del crimen organizado en España

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Análisis de la corrupción al servicio del crimen organizado en España
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Análisis de la corrupción al servicio del crimen organizado en España

Título: Análisis de la corrupción al servicio del crimen organizado en España

Contenido completo: Hace aproximadamente 3.325 años, cuando Jordi Hurtado asistía a la guardería, Horemheb ascendió al trono como faraón de Egipto, tras haber sido uno de los generales más destacados de Tutankamón. Al asumir el poder, promulgó un decreto que resultó fundamental en la evolución del derecho. Esta norma fue instaurada con el objetivo de regular de manera efectiva los abusos de corrupción que se estaban produciendo en el Imperio Egipcio. La legislación se dirigía casi de forma exclusiva contra los funcionarios corruptos que abusaban de su poder, aceptando sobornos y apropiándose de materiales del ejército. Aunque puede parecer un relato del pasado, la historia se repite de forma similar en la actualidad.

En el año 2025, la corrupción y el crimen organizado deben estar interrelacionados para que este último pueda seguir operando, ya que para mantener una actividad delictiva durante un periodo prolongado se requieren factores aleatorios que, al pagar a la persona adecuada, facilitan muchas cosas. Esta es una información que cualquier integrante de la criminalidad organizada tiene plena conciencia.

En las últimas semanas, se han llevado a cabo diversas operaciones judiciales dirigidas contra el tráfico de drogas en toda España, en las cuales supuestamente se encontraban implicados varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como de cuerpos policiales locales. La lucha contra la corrupción es un trabajo continuo. Es fundamental para el Estado que se detecten a tiempo a los corruptos, dado que cualquier fisura en la Administración socava el Estado de Derecho y disminuye la confianza general. Y la corrupción, para que una gran organización se mantenga activa, no sólo proviene de los agentes judiciales o policiales, como se evidenció en el célebre caso del inspector jefe de los 20 millones de euros. También existe corrupción entre profesionales que, al no cumplir con su código deontológico, permiten que el crimen organizado continúe su camino, tal como se ha observado con los estibadores en el Puerto de Valencia.

La corrupción actúa como un lubricante que posibilita la prosperidad y expansión del crimen organizado, erosionando las instituciones y la confianza pública. Las numerosas operaciones que involucran a policías locales, como se ha evidenciado recientemente en Marbella y Málaga, además de fuerzas nacionales, guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) detenidos, reflejan una dura realidad: ciertos clanes de narcotráfico en España logran infiltrarse sin dificultades. Existen corruptos que simplemente desvían la mirada y otros que colaboran activamente, pero todos ellos representan un problema. Las sumas de dinero que se entregan por alijos o información son tan elevadas que aceptar sobornos mejora la situación económica personal de muchos a expensas de su verdadera labor.

En el último año, se han descubierto casos de corrupción en Melilla, Ceuta, Cádiz, Málaga, Bilbao, Valencia, Madrid, Mérida, Barcelona, Huelva, Granada, Sevilla, Tenerife, A Coruña, Barcelona, Valencia y Mallorca. En estas investigaciones se incluyen desde el exjefe de la UDEF en Madrid hasta el jefe de la Guardia Civil del puerto de Valencia, así como desde el antiguo número dos del Servicio de Vigilancia Aduanera en Cataluña hasta agentes de nivel básico que ocupan puestos clave para la revisión de mercancías.

Por un lado, la buena noticia es que existe cierto control sobre esta corrupción policial, especialmente desde que se han revelado las comunicaciones de los narcotraficantes, en particular a través de EncroChat y Sky-ECC. Sin embargo, esto también presenta un panorama alarmante sobre el poder de infiltración que posee el crimen organizado.

Cada vez son más las voces dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial español que advierten sobre esta infiltración de la criminalidad organizada en el sistema. En un país como Bélgica, han ido más allá, con la publicación de un informe por parte de una jueza de instrucción que describió la realidad que enfrentan en el puerto de Amberes. En dicho escrito, insinuó que sus propios colegas podrían verse corrompidos por el dinero del narcotráfico, así como por las amenazas a las que se ven sometidos. Esta posibilidad es más que evidente, dado el volumen de dinero que genera el narcotráfico en Europa y la facilidad para blanquear dinero proveniente de este delito si se cuenta con el respaldo de empresas fachada y profesionales corruptos.

Las organizaciones criminales implicadas en los supuestos sobornos a policías y guardias civiles en España son variadas, abarcando tanto clanes locales como mafias internacionales. Los primeros poseen un conocimiento profundo del terreno en el que operan, resultado de su prolongada actividad. Esto es lógico, ya que, tarde o temprano, quienes convierten su vida laboral en una carrera criminal buscan perdurar en el tiempo. Y la única manera de extender los periodos de libertad es a través de sobornos. Por ejemplo, un clan de Cádiz, Huelva o Pontevedra que lleva dedicándose al tráfico de drogas desde hace años, tiene un conocimiento exhaustivo de qué agentes operan en su territorio, así como de qué fiscales y jueces deben investigar sus actividades.

Es precisamente la Audiencia Nacional la que intenta mitigar esta situación mediante la creación de unidades especiales como los GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado), que se dedican exclusivamente a investigar el crimen organizado y cuentan con mayor libertad de movimiento entre provincias, lo que dificulta su detección e identificación por parte de los criminales, dado que operan en distintas comisarías y están en constante rotación de sus destinos. Estas unidades dependen de la Udyco Central, cuyo jefe, Antonio Duarte, se ha convertido en una referencia clave en la lucha contra el narcotráfico en España.

Sin embargo, llega un momento en que los clanes locales tienen conocimiento de los horarios de trabajo, las rutinas, los nombres de los agentes y de sus familiares, y para lograr esto, disponen de un horario laboral planificado para activar las vigilancias sobre la autoridad. Una situación surrealista. Por esta razón, en Sanlúcar de Barrameda, cualquier día de la semana, un joven aparece montado en moto antes de las 8 de la mañana en la zona de Bajo Guía, junto al río Guadalquivir. No es porque le apasione contemplar el amanecer en Doñana, sino porque se coloca estratégicamente frente a las patrulleras de la Guardia Civil que están amarradas en esa área del río, en momentos en que los agentes no se encuentran en servicio.

El crimen organizado ha alcanzado un nivel de perfección tal que las contravigilancias se han vuelto esenciales para cualquier clan de narcotráfico, haciendo que la información sobre vehículos camuflados de la Policía o sus horarios se convierta en un recurso extremadamente valioso para ellos.

El hecho de que los agentes detenidos por colaborar con el narcotráfico provengan de casi toda España pone de manifiesto que los tentáculos de este negocio criminal no tienen límites territoriales. Es necesario hablar de ello. Aristóteles definió la corrupción de esta manera: “es un cambio que va de alguna cosa al no ser de ella, es absoluta cuando va de la sustancia al no ser de la sustancia, y específica cuando va hacia la especificación opuesta”.

En estos casos, la colaboración de una autoridad con un narcotraficante transforma a dicha autoridad en lo opuesto a lo que juró al asumir su cargo, ya que antepone su interés individual al colectivo. Y no solo traiciona a sus compañeros de profesión, sino que también traiciona a toda la sociedad. Al igual que en otros temas que están sobre la mesa, es urgente implementar un mejor control y una mejora en los servicios de asuntos internos de todas las fuerzas policiales en España, dado que el desafío al que se enfrenta el Estado por el aumento de la actividad del narcotráfico en el país es cada vez más significativo. Y es una problemática tan grande que la inacción legislativa no conduce a ninguna parte, mientras que los demás policías honestos demandan mejores recursos y condiciones para enfrentar un fenómeno que podría arrasar con todo si se le permite.

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