Título: Localizan un vehículo blindado con ametralladora y 44 armas en un taller clandestino en Ávila
Contenido completo: Los agentes de la Policía Nacional, en una operación coordinada con la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización que se encontraba detrás de uno de los más significativos fraudes de IVA perpetrados hasta la fecha en España y en toda Europa en el comercio de hidrocarburos, lo que les permitió evadir casi 300 millones de euros en impuestos. Durante los registros realizados en Madrid y sus alrededores, se incautaron diversas cantidades de dinero, relojes de lujo y activos financieros, pero lo más notable se descubrió en una vivienda de Ávila: allí se halló una instalación clandestina de fabricación de armas de fuego y munición de guerra, donde se encontraban, además de fusiles de asalto, un vehículo blindado equipado con una ametralladora de gran calibre en su parte superior. Curiosamente, esta es la misma provincia en la que fue desmantelada hace pocas semanas la 'oficina' del Cártel de Jalisco en España.
La investigación dio comienzo a principios de 2023, cuando los agentes de la UDEF Central se percataron de significativos movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos, que podrían estar vinculados a un posible blanqueo de capitales. Esto evidenció la existencia de dos operadoras petrolíferas que estaban incumpliendo de manera sistemática sus obligaciones fiscales al no abonar el IVA correspondiente. El fraude se producía en el mismo sector que había sido severamente afectado en Brasil por un entramado del Primeiro Comando da Capital.
A medida que avanzaron las indagaciones, los investigadores verificaron que esta red criminal era capaz de vender el carburante incluso a precios inferiores a los de adquisición, es decir, realizaban ventas a pérdidas. Por un lado, al no ingresar en la Agencia Tributaria el IVA repercutido, podían ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios considerablemente más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones fiscales.
Por otro lado, tampoco acataban la normativa sectorial relacionada con los biocarburantes, que exige el pago de un compensatorio en caso de no utilizar biocombustibles, lo que supuso, además, otro impago que ascendió a alrededor de 40 millones de euros, consiguiendo de esta manera un amplio margen económico que les permitió ofrecer sus suministros.
Los investigadores constataron que esta red delictiva contaba con un depósito fiscal propio para almacenar el carburante, una técnica poco habitual en el sector, dado que lo usual es que contraten los servicios de empresas externas. Además, esta organización mostraba una clara intención de mantener su actividad delictiva, ya que, gracias a los beneficios ilícitos obtenidos con el primer operador petrolífero, lograron crear y dar de alta un segundo operador para continuar con su actividad criminal.
Asimismo, llegaron a establecer incluso un tercer operador petrolífero con el cual también comenzaron a operar de manera fraudulenta, aunque este fue dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales, lo que impidió que continuara extrayendo y comercializando productos.
La organización se estructuraba de forma jerárquica, estando al mando dos socios que dirigían a los directivos financieros encargados de controlar las cuentas y gestionar toda la contabilidad empresarial.
En el nivel más bajo se encontraban los trabajadores, muchos de los cuales ignoraban la actividad delictiva que se estaba llevando a cabo. Por último, fuera de esta estructura, estaban los testaferros, quienes eran seleccionados para prestar su identidad y así figurar como responsables de las obligaciones fiscales generadas por los operadores petrolíferos, llegando uno de ellos a recibir retribuciones de aproximadamente dos millones de euros.
Una vez que los investigadores lograron identificar a todos los integrantes de esta organización, se llevó a cabo un dispositivo policial el 2 de diciembre, ejecutando nueve entradas y registros simultáneos –siete domicilios en Madrid y Ávila, y dos oficinas en la capital madrileña– donde se intervinieron más de 140.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en aproximadamente 2 millones de euros, y activos financieros que superan los 14 millones de euros. Además, se bloquearon cuentas con más de 12,5 millones de euros, se recuperaron más de 3,6 millones de litros de carburante, y se incautaron 60 vehículos de alta gama con un valor total superior a los tres millones de euros, entre los que se incluía un Ferrari, así como 46 inmuebles.
En una de las viviendas situadas en Ávila, los agentes descubrieron un auténtico taller clandestino para la fabricación de armas de fuego y munición de guerra. Se intervinieron 44 armas de fuego, algunas de las cuales tenían el número de serie borrado y estaban modificadas con silenciadores, además de munición de guerra y un vehículo blindado militar con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.
Por todo lo anterior, se procedió a la detención de ocho personas, y se tomó declaración en calidad de investigadas a otras diez, entre las cuales se encontraban los líderes de esta organización, todos ellos considerados presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
