Golpe a la infraestructura marítima del narcotráfico en España

⟫ febrero 4, 2026 ⟫ Redacción

Título: Ataque a la infraestructura naval del narcotráfico en España

Contenido reformulado: La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado inicio a una serie de procesos judiciales vinculados a las importantes operaciones policiales en contra de la producción y comercialización de las célebres narcolanchas, las cuales están prohibidas en España desde el año 2018 y que, para el año 2026, continúan siendo fabricadas en Galicia para abastecer a las organizaciones criminales que operan en todo el territorio nacional.

Los primeros en comparecer ante el tribunal estaban compuestos, de acuerdo con el fiscal Antidroga, Servando Caíño, por una red bien definida: elaboraban los cascos de las embarcaciones en instalaciones -en este caso, ubicadas en Vigo y sus alrededores-, los transportaban a Portugal para la instalación de los motores y los sistemas de navegación y, por último, entregaban las planeadoras ya completamente equipadas a sus clientes en diferentes puntos de la Península Ibérica, principalmente en el sur de España, aunque también en el Delta del Ebro. En esos lugares se utilizaban para el tráfico de drogas.

El Real Decreto que prohíbe la mera posesión de embarcaciones que superen los ocho metros de eslora y los 201 caballos de potencia (en términos generales, cualquier tipo de narcolancha) no logró disuadir a los especialistas en su producción de continuar con su actividad ilícita; al contrario. Para eludir la prohibición, optaron por un sistema que se encontraba al borde de la legalidad, construyendo los cascos en Pontevedra -una actividad que, en teoría, no está prohibida- y completando la fabricación con los motores y los equipos de navegación en la otra orilla del Miño, donde aún no existe prohibición. No obstante, cometían un grave error: las planeadoras regresaban a España y eran transportadas por carretera a manos de las redes criminales que, finalmente, las lanzaban al mar y las empleaban para el transporte de drogas, principalmente hachís. Y esto ha quedado debidamente acreditado.

En las próximas semanas se anticipan varios juicios con características similares, ya que en 2022 tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera asestaron varios golpes decisivos a estas organizaciones.

En el caso particular cuyas sesiones comenzaron este lunes, el fiscal describe la actuación de los condenados como «una infraestructura empresarial, personal y material que se dedicaba de manera estructurada y sostenida a la clandestina fabricación, producción, equipamiento, transporte y venta de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad constitutivas de género prohibido, que posteriormente eran utilizadas para llevar a cabo operaciones de tráfico marítimo de estupefacientes con destino a las costas españolas, obteniendo así todos sus miembros ingentes beneficios económicos de dicha actividad».

En concreto, entre las decenas de embarcaciones intervenidas en la operación, dirigida por el EDOA de Pontevedra y denominada Endurance, se encontraron algunas valoradas en más de 300.000 euros. En ciertos casos, además, se logró probar su uso para introducir grandes cargamentos de droga.

Los cascos incautados en las distintas operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en 2022 han sido valorados pericialmente en cantidades que varían entre los 70.000 euros, los de menor tamaño, y los 150.000, correspondientes a los de 14 metros de eslora por 2,5 de manga, que son los más utilizados por los narcotraficantes. Los motores, si son de 300 caballos de vapor, tienen un precio de 40.000 euros por unidad. Todo ello suma más de 300.000 euros. Se trata de un negocio muy lucrativo para sus fabricantes.

Sin embargo, tras las mencionadas redadas y la incautación de toda una flota de más de 100 de estas embarcaciones, algunas terminadas y otras en fase de construcción, los narcotraficantes se vieron obligados a agudizar su ingenio. Así, en tiempos recientes han comenzado a utilizar lanchas que no superan los ocho metros y que cuentan con un solo motor. Estas embarcaciones mantienen un amplio espacio de carga pero simulan realizar actividades pesqueras para evadir la intervención de las fuerzas policiales.

De este modo, además, los traficantes logran evitar incurrir en el delito de contrabando que conlleva penas de prisión por sí mismo, de hasta cinco años, las cuales se incrementan hasta nueve si se demuestra que además se ha traficado con drogas.

◢ NEWS ◣

Blow to the maritime infrastructure of drug trafficking in Spain

⟫ febrero 4, 2026 ⟫ Editorial

Title: Attack on the Naval Infrastructure of Drug Trafficking in Spain

Reformulated content: The Fifth Section of the Provincial Court of Pontevedra has initiated a series of judicial proceedings linked to significant police operations against the production and commercialization of the infamous narcolanchas, which have been prohibited in Spain since 2018 and, by 2026, continue to be manufactured in Galicia to supply criminal organizations operating throughout the national territory.

The first to appear before the court were composed, according to the Anti-Drug Prosecutor, Servando Caíño, of a well-defined network: they manufactured the hulls of the vessels in facilities - in this case, located in Vigo and its surroundings - transported them to Portugal for the installation of engines and navigation systems, and finally delivered the fully equipped speedboats to their clients at various points in the Iberian Peninsula, mainly in southern Spain, although also in the Ebro Delta. In those places, they were used for drug trafficking.

The Royal Decree prohibiting the mere possession of vessels exceeding eight meters in length and 201 horsepower (generally, any type of narcolancha) did not deter specialists in their production from continuing their illicit activity; on the contrary. To circumvent the prohibition, they opted for a system that was on the edge of legality, building the hulls in Pontevedra - an activity that, in theory, is not prohibited - and completing the manufacturing with engines and navigation equipment on the other side of the Miño, where no prohibition yet exists. However, they made a grave mistake: the speedboats returned to Spain and were transported by road into the hands of criminal networks that ultimately launched them into the sea and used them for drug transportation, mainly hashish. And this has been duly proven.

In the coming weeks, several trials with similar characteristics are anticipated, as in 2022 both the Civil Guard and the National Police and Customs Surveillance dealt several decisive blows to these organizations.

In the particular case whose sessions began this Monday, the prosecutor describes the actions of the convicted as "a business, personal, and material infrastructure that was structurally and consistently dedicated to the clandestine manufacturing, production, equipping, transporting, and selling of high-speed semi-rigid vessels constituting prohibited goods, which were subsequently used to carry out maritime drug trafficking operations destined for the Spanish coasts, thus obtaining enormous economic benefits from this activity for all its members."

Specifically, among the dozens of vessels seized in the operation, led by the EDOA of Pontevedra and named Endurance, some were valued at over 300,000 euros. In certain cases, it was also proven that they were used to introduce large drug shipments.

The hulls seized in the various operations carried out by security forces in 2022 have been appraised at amounts ranging from 70,000 euros for the smaller ones to 150,000 euros for those measuring 14 meters in length by 2.5 meters in width, which are the most commonly used by drug traffickers. The engines, if they are 300 horsepower, have a price of 40,000 euros per unit. All of this adds up to more than 300,000 euros. It is a very lucrative business for its manufacturers.

However, following the aforementioned raids and the seizure of an entire fleet of more than 100 of these vessels, some completed and others in the construction phase, drug traffickers were forced to sharpen their ingenuity. Thus, in recent times they have begun to use boats that do not exceed eight meters and that have a single engine. These vessels maintain a large cargo space but simulate engaging in fishing activities to evade police intervention.

In this way, moreover, traffickers manage to avoid incurring the crime of smuggling, which carries prison sentences of up to five years on its own, which increase to nine if it is proven that drugs have also been trafficked.

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